La ONU pidió a Argentina nunca criminalizar a las mujeres que recurren al aborto
Expertos de la ONU lamentaron que Argentina no haya aprobado la despenalización del aborto y la exhortaron a implementar, en un plazo de dos años, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el aborto legal.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU publicó hoy las conclusiones y recomendaciones que le formuló a Argentina luego del examen llevado a cabo los pasados 27 y 28 de septiembre en Ginebra. Los expertos le otorgaron un plazo de dos años al Estado para informar sobre sus avances en materia de derechos sexuales y reproductivos, territorios indígenas y medidas de austeridad.
“El Comité está preocupado por los altos números de abortos peligrosos en el Estado parte, directamente ligados a la mortalidad materna”, aseguraron en su documento de 14 páginas, por lo que pidieron a las autoridades “tomar todas las medidas necesarias para liberalizar las condiciones para el aborto legal y en todo caso nunca criminalizar a las mujeres que recurren al aborto”.
Además de lamentar que no se haya aprobado la despenalización del aborto, los expertos exhortaron al Estado a implementar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre aborto legal, que formuló en 2012 los lineamientos dentro de los cuales puede tener lugar una interrupción voluntaria del embarazo.
En virtud de las recomendaciones del Comité, Argentina deberá “garantizar que todas las Provincias adopten protocolos para facilitar el acceso efectivo y el cuidado integral a las niñas y mujeres que acuden al aborto en los casos previstos en la ley vigente y en conformidad con dicha sentencia”.
En el mismo sentido, el Comité instó al Estado a “garantizar el acceso a los medicamentos que permiten una interrupción del embarazo seguro, como el misoprostol y la mifepristona” y a establecer “el marco legal y servicios necesarios para garantizar el acceso al aborto en los casos previstos en la ley vigente, a fin de reducir el número de muertes maternas evitables” lo que incluye instalaciones, suministros y servicios de salud para brindar la debida atención previa y posterior al aborto.
De igual forma, el panel de expertos pidió al Estado garantizar la provisión permanente de métodos anticonceptivos en todo el territorio nacional y “proveer los servicios de cuidado temprano y el control del embarazo con un enfoque intercultural, fortaleciendo la estrategia para el alta conjunta hospitalaria para los recién nacidos de alto riesgo”.
Así mismo, el Comité urgió a Argentina a asegurarse de que las leyes, regulaciones y prácticas relativas a la objeción de conciencia “no obstruyan el acceso rápido y efectivo al aborto y aseguren el trato profesional y en respeto de la dignidad humana de todas aquellas que buscan acceso a servicios de aborto”.
Finalmente, le pidió adoptar un marco normativo e institucional para garantizar servicios de salud adecuado a las personas intersex.
Territorios indígenas
Frente a su preocupación por el retraso en la demarcación de los territorios indígenas, la prohibición de su desalojo y la falta de titularización de territorios ancestrales, el Comité solicitó al Estado proceder con la aplicación plena y coordinada de la legislación existente, garantizar recursos financieros y humanos suficientes al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y “agilizar la demarcación de los territorios indígenas en los casos de Reserva Grande del Impenetrable Chaco”.
Medidas de austeridad
Con respecto al manejo de la crisis actual, el Comité pidió al Estado evaluar “los efectos sobre los derechos económicos, sociales y culturales de cualquier medida para responder a la crisis financiera, a fin de evitar que tenga impactos desproporcionados en los grupos desfavorecidos” y tener en cuenta que las medidas regresivas solo son compatibles con los derechos humanos si son “necesarias y proporcionadas”, que deben ser consultadas con las poblaciones potencialmente afectadas y estar sujetas a un examen independiente.
En 1986, al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Argentina adquirió el compromiso de cumplir con sus disposiciones, presentar informes de sus avances y ser revisado periódicamente por este Comité integrado por 18 expertos internacionales, al que deberá acudir de nuevo en 2023.
