Argentina-Venezuela: el autorrespaldo del pasado
Argentina presentó una resolución sobre desapariciones forzadas al tiempo que el mundo se pregunta dónde está Santiago Maldonado. Venezuela pronunció un discurso respaldado por 62 Estados, entre los que se encuentran Corea del Norte y Siria.
Argentina fue la elegida para presentar la resolución sobre las desapariciones forzadas o involuntarias en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que culmina hoy en Ginebra sus trabajos anuales, donde Venezuela aprovechó la circunstancia para entonar un discurso en defensa del régimen “chavista”, sostenido por 62 Estados. En ambos casos, los ocho países de América Latina y el Caribe presentes en este foro actuaron divididos: cuatro para un lado, cuatro para el otro. Cronología de la autosatisfacción de un pasado que no vuelve.
Argentina, denunciada en la presente sesión de este Consejo por la reciente desaparición forzada del artesano Santiago Maldonado –con uno de los cuerpos de seguridad del Estado, la Gendarmería, cuestionado por su actuación en este caso– tuvo el privilegio, junto a Francia, de someter al Consejo la resolución que renueva el mandato por tres años del Grupo de Trabajo compuesto por cinco expertos independientes, uno por cada región del planeta, que debe luchar contra las desapariciones en el mundo. El Grupo se creó hace ya varios lustros en el seno de la ONU, a raíz de las treinta mil desapariciones perpetradas por la dictadura militar en Argentina (1976-1983).
El documento manifestó la preocupación “por el aumento de las desapariciones” en distintas zonas del planeta, “incluidos los arrestos, detenciones y secuestros”, cuando “son parte o equivalen” a las desapariciones, “y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, malos tratos e intimidación padecidos por testigos” de desapariciones o sus “familiares”. Y subrayó que las desapariciones “pueden equivaler a crímenes de lesa humanidad, como se establece en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI)”.
El texto recordó que la Convención en la materia “establece el derecho de las víctimas a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida”, con garantías de “acceso a la información sobre el lugar donde se encuentra la persona privada de libertad” a quienes tengan “un interés legítimo en esa información”. La resolución invita a los Estados que aún no lo han hecho a ratificar la Convención, en cuya preparación, para que fuera adoptada en 2006, descolló la diplomacia argentina de la época.
Pero Rusia, China, Egipto, Pakistán y Venezuela buscaron enmendar la resolución para hacerla de menor calado, proponiendo el agregado de dos párrafos. Su efecto estaba destinado a subordinar la Convención a la legislación interna de los Estados, y a desequilibrar la valoración del Código de Conducta que rige la actividad de los expertos de la ONU. Las enmiendas fueron barridas por el voto. En esos dos escrutinios, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Cuba votaron a favor de los dos párrafos malignos, mientras que los otros cuatro países de la región (Brasil, Panamá, El Salvador y Paraguay) se opusieron. La resolución se adoptó luego sin votación. Argentina no forma parte de este Consejo, e informó oportunamente que no va a postular durante la actual presidencia de Mauricio Macri.
Venezuela, que sí forma parte de este Consejo, máxima autoridad en derechos humanos de la ONU, leyó una “declaración conjunta” con el presunto objeto de prevenir que “cualquier intervención militar foránea socavaría el exitoso modelo de derechos humanos que ha venido alcanzando Venezuela en los últimos 18 años”, quedando claro que Nicolás Maduro es una continuidad de Hugo Chávez, fallecido en 2013. Confirmaron la declaración 62 Gobiernos, entre los que destacan varios que podrían ser caracterizados de dictaduras genocidas: Corea del Norte, Sudán del Sur, Myanmar, Burundi, Guinea Ecuatorial, Yemen, Siria, los dos Congo, y otros cuyo déficit en el goce de los derechos humanos es notorio: Rusia, China, Cuba, Arabia Saudita, Sudán, Bielorrusia, Zimbabue, etc.
Venezuela quiere un futuro “sin injerencias externas”, tal vez una respuesta por elevación al informe del alto comisionado de la ONU para derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, publicado poco antes del inicio de la sesión que hoy concluye. Se trató de un seguimiento de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela en los meses de abril, mayo y junio de 2017. Quedó verificado el uso “excesivo de la fuerza” en la represión de manifestaciones pacíficas, acarreando masivas, sistemáticas y generalizadas detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, allanamientos “violentos e ilegales”, torturas, intervención solapada de “colectivos armados”, verdaderos comandos paramilitares, con un saldo de 5000 detenidos de los cuales 1300 continuaban presos (“algunas detenciones podrían constituir desapariciones forzadas en la medida que las autoridades, durante un periodo inicial, se negaron a confirmar el destino o el paradero de las personas detenidas”).
“Mi investigación sugiere la posibilidad de que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad”, estimó el alto comisionado, quien pidió al Consejo una “investigación internacional” el 11 de septiembre pasado, letra muerta por la relación de fuerzas en el seno de los 47 Estados que actualmente lo componen. De allí el canto de victoria de Venezuela en su “declaración conjunta” con sus países amigos, por haber esquivado una condena o una comisión investigadora. Sin embargo, los firmantes están inquietos por “las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra el pueblo venezolano desde el exterior”, admitiendo no obstante que la crisis venezolana “sólo puede ser resuelta mediante una solución política basada en el diálogo y el compromiso”, aunque sin ninguna alusión a las alegaciones sobre las graves violaciones de los derechos humanos señaladas por la ONU.
