Suiza liberó a una ciudadana vasca cuyo pedido de extradición fue retirado por España
Nekane Txapartegui, vasca detenida desde 2016 en Zúrich y pedida en extradición por España, fue dejada en libertad este viernes. La ONU había solicitado no extraditarla, pues consideró que su confesión fue obtenida bajo tortura.
Detenida en Zúrich desde el 6 de abril de 2016 por pedido de España, que solicitó su extradición, Nekane Txapartegui fue sorpresivamente liberada ayer por las autoridades suizas, luego de que la Audiencia Nacional de España declarara el jueves prescrita su actual condena a tres años y seis meses de cárcel, informó su abogado en Ginebra, Olivier Peter. La decisión fue confirmada por Folco Galli, portavoz de la Oficina Federal de Policía en Berna.
Condenada inicialmente a seis años y nueve meses de prisión en 2009 por “colaboración” con el grupo armado independentista vasco ETA, la pena fue rebajada en febrero de este año a tres años y seis meses, pero no pudo ser ejecutada porque, como se ha dicho, Txapategui fue arrestada en Suiza en 2016, y esperaba que el Tribunal Federal helvético resolviera sobre un recurso de su abogado Olivier Peter, contra la extradición a España, procedimiento ahora interrumpido por la orden de liberación.
Consejera comunal hasta 1999 del partido vasco Herri Batasuna, Nekane Txpartegui fue entonces detenida en Madrid durante cinco días incomunicada por la Guardia Civil, y fue víctima de tortura: sufrió golpes, sofocación con una capucha de plástico, manoseos, violación sexual, privación del sueño, simulacros de fusilamientos y amenazas de aplicación de electrodos eléctricos, por su negativa a confirmar declaraciones ya preparadas por sus victimarios.
Txapartegui negó en Suiza las acusaciones de terrorismo, por supuesta colaboración con ETA, y presentó durante su detención una demanda de refugio, como mejor arma para oponerse a la extradición, petición de asilo que ahora será examinada por las autoridades, que la han trasladado a un centro de inmigración, tras abandonar el centro penitenciario donde estaba alojada.
El caso de Txapartegui fue recogido por una comisión investigadora del Gobierno regional vasco, el cual realizó un inventario de 5000 casos de tortura entre 1960 y 2013, fruto de la política antiterrorista del Gobierno español, que protege bajo un manto de impunidad a los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que la han perpetrado.
Un certificado de la penitenciaria en Zúrich donde se encontraba privada de la libertad indicó que Txapartegui sufría de estrés postraumático, dolencia que padecen quienes han sido torturados. El relator especial de la ONU sobre la tortura, el helvético Nils Melzer, había exhortado en abril pasado a Suiza a que no la extraditara, porque la condena “estaba comprometida por actos de tortura”. Reveló que “fue al fin de cinco días de interrogatorios brutales que habría confesado haber participado en actividades criminales de ETA”.
Nils Melzer evocó que los criterios para otorgar credibilidad a las alegaciones de tortura no deben ser “muy estrictos”. Explicó que “las víctimas de la tortura quedan gravemente traumatizadas, y les es a menudo difícil efectuar declaraciones coherentes, o aportar pruebas irrefutables de los malos tratos sufridos”. La Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) ya condenó a España en siete casos de vascos que sufrieron apremios ilegales, mientras que en la ONU el Comité contra la Tortura lo hizo por dos casos similares, y, por otro más lo hizo el Comité de Derechos Humanos.
