Por: Diego de León Sagot
Ginebra, 15 de diciembre.– Quien aborda estos temas sabe que será objeto de amenazas, agresiones, atentados a su integridad, o que deberá afrontar una querella penal en su contra. Así de sombrío describió el ambiente en el que se ejerce el periodismo en Honduras la periodista y activista de derechos humanos Dina Meza, durante su visita a Ginebra, Suiza, para denunciar las graves limitaciones a la libertad de expresión en su país.
En entrevista con Panorama, la directora del medio digital Pasos de animal grande y actual presidenta de Pen Honduras, explicó que entre las principales amenazas contra la libertad de expresión se cuentan la figura de la difamación criminal “como la punta de lanza para ponernos contra la pared a los periodistas”, así como los asesinatos contra quienes ejercen la profesión. Como consecuencia, “los periodistas se autocensuran y deciden no abordar ciertas problemáticas”, indicó.
“Desde el golpe de Estado –contra el entonces presidente Manuel Zelaya, ocurrido el 28 de junio del 2009– hasta la fecha, han sido asesinados 54 colegas, de los cuales solo se han logrado cuatro sentencias parciales contra los supuestos autores materiales” relató; sin embargo, la justicia no ha alcanzado a los autores intelectuales, lamentó la periodista, quien a su vez es objeto de amenazas y hostigamientos, desde 2006, por sus investigaciones y sus denuncias sobre violaciones de los derechos humanos.
Según su relato, uno de los principales obstáculos para la justicia en estos casos es que en el marco de la investigación y persecución criminal no se plantea un vínculo entre los asesinatos ocurridos y el ejercicio de la profesión. “El Estado afirma que son delitos comunes, que nada tienen que ver con que sean periodistas, y no hay investigaciones que permitan establecer esa relación”, argumentó.
La ausencia de sanción judicial por los homicidios y agresiones contra periodistas se inscribe en el contexto que vive el Estado hondureño: según el Índice Global de Impunidad, realizado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia –CESIJ– de la Universidad de las Américas de Puebla, México, Honduras se sitúa entre los países del mundo con mayores niveles de impunidad.
Según este estudio, en el país centroamericano la violencia y la desigualdad económica son factores que obstaculizan la construcción de la democracia y “minan la capacidad de las instituciones del Estado para procurar seguridad y justicia a la población”. Las instituciones judiciales “han estado particularmente mal gobernadas, lo cual ha creado incentivos para la corrupción”.
Asimismo, la investigación concluye que los usuarios del sistema “tienen la percepción de que los responsables de delitos no serán castigados y que sólo los casos más triviales llegarán a los juzgados, además de que temen represalias al presentar alguna denuncia”.
Meza coincide con estas palabras al afirmar que “los propios agentes estatales están involucrados con los hechos de violencia y casos de violaciones a los derechos humanos, por lo tanto no se van a enjuiciar a ellos mismos… tenemos una falta de institucionalidad y hay un control sobre los operadores de justicia por parte de los grupos de poder”.
La periodista añadió que existe, además, infiltración de la criminalidad organizada en el sistema de justicia, principalmente del narcotráfico. “Todo el Estado está copado”, aseguró Meza. “Cuando alguien denuncia, los mismos fiscales son los que avisan a las estructuras criminales que están siendo objeto de una querella… es un país de la impunidad”.
Limitaciones en el acceso a la información
Otra problemática que enfrentan los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil hondureña es la restricción de facto a la información oficial.
Honduras aprobó en 2006, por medio del Decreto No. 170-2006 del Congreso Nacional, la Ley de transparencia y acceso a la información pública. En ella se garantiza el derecho de los ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos públicos y se busca promover la utilización eficiente de los recursos del Estado, hacer efectiva la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas y combatir la corrupción y la ilegalidad de los actos estatales, entre otras prerrogativas.
“Es una ley muy avanzada en papel, pero el acceso a la información se ha restringido a través de otros mecanismos, como la aprobación de la ley sobre secretos oficiales” explicó Meza. Según indicó, mediante esta normativa, aprobada el 20 de enero de 2014, se puede encriptar información hasta por 25 años, y se otorga discrecionalidad a los funcionarios para decidir qué es un secreto de Estado y qué no, por motivos de seguridad nacional; “hasta un contrato puede entrar en esta categoría”, alertó Meza. Con ello “han restringido y violentado la ley de acceso a la información”.
Según la activista, en la actualidad hay 18 instituciones que tienen vedada la potestad de dar información a los periodistas. “Son instituciones como la empresa nacional de energía eléctrica, la dirección de ingresos, instituciones que manejan recursos o que son estratégicas y que han sido tomadas por militares, ya que Honduras se militarizó luego del golpe de Estado”, afirmó.
Honduras, ¿tras los pasos de Guatemala?
Frente a los fenómenos de impunidad y violaciones de derechos humanos, actores sociales hondureños claman cada vez con más fuerza la instalación en el país de dos instituciones internacionales: una oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y un símil de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–, institución sui generis de la ONU instalada desde el 2007 para contribuir a desmantelar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad incrustados en las institucionales del Estado.
A la CICIG, en calidad de querellante adhesivo o tercer interesado en procesos judiciales que permite el Código procesal penal en Guatemala, se le atribuye en buena medida la desarticulación de estructuras criminales incrustadas en instituciones del sector justicia, como el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil o el Sistema Penitenciario; o bien el caso más sonado denominado “La Línea”, una estructura criminal dedicada a defraudar al Estado en aduanas, que llevó a la caída en 2015 del entonces presidente Otto Pérez Molina y de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión en el marco de procesos judiciales en su contra.
La posibilidad de una CICIH –como se le denominaría en Honduras– es aún remota. Según Meza, el gobierno ha puesto en marcha una campaña mediática para desacreditar la labor que la CICIG ha desarrollado en Guatemala. “Buscan deslegitimarla antes de una posible discusión sobre su instalación”, lamentó.
Otra suerte ha corrido el proceso de instalación de una oficina “en el terreno” del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que está por concretizarse. “No tenemos claro el mandato, indicó Meza, pero esperamos que sea una oficina que funcione, que pueda evidenciar la grave situación que tenemos en el país, ya que en Honduras vivimos una crisis de derechos humanos”, concluyó.
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