El Comité de la ONU contra la Tortura instó a Perú a luchar contra la violencia de género
En su examen ante expertos de la ONU, Perú admitió un aumento en los feminicidios y en los casos de violencia sexual y doméstica. Al Comité le preocupan los abortos clandestinos y la impunidad por esterilizaciones forzadas.
El Comité de la ONU contra la Tortura formuló a Perú una serie de recomendaciones para combatir la violencia de género, que no ha dejado de aumentar en el país según datos proporcionados por la delegación estatal durante el examen que tuvo lugar los pasados 13 y 14 de noviembre en Ginebra.
En primer lugar, el Estado debe velar por que todos los casos de violencia de género contra mujeres y niñas “sean investigados exhaustivamente, que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser condenados, sancionados debidamente, y que las víctimas obtengan reparación, incluida una indemnización adecuada”.
Adicionalmente, Perú tiene que prohibir el mecanismo de conciliación en los procesos judiciales por violencia intrafamiliar o de pareja. Una tercera medida recomendada por los diez expertos del Comité consiste en poner en marcha campañas de sensibilización sobre todas las formas de violencia contra la mujer y dar formación obligatoria sobre violencia de género a jueces, fiscales y miembros de las fuerzas del orden.
En el mismo sentido, el Estado ha de velar por que las víctimas de violencia de género reciban atención médica, apoyo psicológico y la asistencia jurídica que necesiten.
Despenalización del aborto
De otra parte, el Comité recomendó a Perú legalizar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación y malformación fetal severa.
Según el Código Penal vigente en el país, el aborto solo es permitido cuando “es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente”. En casos de violación “fuera del matrimonio” o de malformación fetal “que conlleve al nacimiento graves taras físicas o psíquicas”, se contemplan penas menores de tres meses de reclusión para la mujer que se lo practique.
Los expertos del Comité urgieron al Estado a “revisar su legislación a fin de no criminalizar la atención médica que prestan los profesionales de la salud a las mujeres que la requieren como consecuencia de afecciones derivadas de abortos clandestinos”.
Investigación y condenas por esterilizaciones forzadas
Los expertos de la ONU le dieron al Estado peruano un año de plazo para informar acerca del curso de la denuncia penal que, recientemente, interpuso el Ministerio Público contra médicos y autoridades que habrían estado implicados en las esterilizaciones forzadas de más de 2000 mujeres.
El Comité encargado de velar por la aplicación de la Convención contra la Tortura pidió finalmente a Perú “que los autores de estos crímenes sean condenados conforme a la gravedad de sus actos, asegurando el cumplimiento efectivo de las penas que les sean impuestas y la reparación de las víctimas”.
