Por: Edgar García
Ginebra, 6 de marzo.- Varios países latinoamericanos expresaron sus preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en el marco del diálogo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, tras la presentación de su informe anual en la 28° sesión del Consejo de los derechos humanos.
Brasil, Chile, Colombia y Uruguay indicaron estar preocupados por los “abusos generalizados contra los derechos humanos que sufrieron personas LGBTI [lesbianas, gais, bisexuales, transexuales y intersexuales]”. Así, invitaron al Consejo a “continuar combatiendo la violencia y la discriminación en todas sus formas, incluso aquellas por razón de orientación sexual e identidad de género”. De igual forma, Argentina lamentó que los esfuerzos contra la discriminación por razones raciales, de género o por orientación sexual son “insuficientes”.
Por su parte, Cuba indicó estar alarmado por el aumento de manifestaciones de discriminación racial, incitación religiosa y xenofobia. En este sentido, instó a la Oficina del Alto Comisionado a mejorar sus respuestas para “desterrar de una vez por todas estas odiosas situaciones”.
El Salvador se mostró preocupado por la situación de las migraciones y de manera precisa de “las detenciones de niños y niñas no acompañados, [que] está siendo una privación de sus derechos”. De esta manera, el país centroamericano pidió al Consejo dar una “atención especial” a la problemática al agregar que El Salvador adoptó medidas “concretas y urgentes” con el fin de atender “integralmente y de manera sostenible esta crisis”.
En su alocución ante el Consejo, el Alto Comisionado se refirió a la situación de derechos humanos en algunos países. De América Latina, el funcionario manifestó su preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela, particularmente en lo que respecta a la repuesta del gobierno a las manifestaciones y el uso de fuerza letal contra quienes participan en ellas.
En contrapartida, la representación diplomática de Venezuela aseguró que su Constitución consagra “el pleno disfrute de los derechos humanos, como nunca antes en la historia”. El Estado hizo referencia a las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro como consecuencia de la delincuencia, alta inflación y escasez de productos básicos, y explicó que las manifestaciones pacíficas y “sin armas” constituyen un “derecho político consustancial con la vida democrática consagrado en nuestra Constitución”.
Sin embargo, el delegado venezolano tipificó las protestas que agitan el país desde febrero 2014 como “el intento de golpe de Estado contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro”. En relación con personas “imputadas de graves delitos” y privadas de libertades, afirmó que “se les garantiza el derecho a la defensa y al debido proceso”.
El Alto Comisionado también expresó su preocupación sobre violencia generalizada en Centroamérica y México y el vínculo entre el crimen organizado, fuerzas policiales y las autoridades en todos los niveles. Ante la alusión directa, la delegación mexicana decidió no responder como parte del dialogo interactivo con el más alto funcionario de la ONU en materia de derechos humanos.
No obstante, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organización no gubernamental del país norteamericano, se refirió a la situación de derechos humanos y acusó expresamente al expresidente Felipe Calderón y su política de lucha antidroga, denominada “Guerra contra el Narcotráfico”, de instalar “el control militar sobre la seguridad pública … [y que esta] política superpuso las premisas de la seguridad nacional por encima de la vigencia de los derechos humanos”.
Además, la organización imputó casos “graves” de violaciones a derechos humanos tales como “como tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada” a elementos militares. Finalmente, la CMDPDH lamentó que la reforma del Código de Justicia Militar impida “conocer de delitos que constituyan violaciones a los derechos humanos, en aquellos casos en que la víctimas sean civiles”.
