Por: Carmen Lucía Castaño
Ginebra, 15 de mayo.- El Comité de la ONU contra la Tortura (CAT) formuló a Colombia una serie de recomendaciones encaminadas a mejorar las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad en las cárceles del país, que actualmente presentan un hacinamiento del 53%.
Si bien el Comité dijo tomar nota de los esfuerzos hechos para aumentar la capacidad de los centros de reclusión, recordó que “el Estado parte debe velar por que las condiciones de detención se ajusten a las normas internacionales en la materia”. Para hacerlo, Colombia debe garantizar la asignación de los recursos necesarios para brindar atención médica y sanitaria a los reclusos y adoptar medidas eficaces para reducir el hacinamiento.
En cuanto al régimen de aislamiento, el Comité recomendó su uso exclusivo como medida de último recurso y su prohibición en el caso de internos con enfermedades mentales o menores de edad.
Por otra parte, el CAT aseguró que el Estado “debe investigar sin demora, exhaustivamente y de manera imparcial” las muertes de personas en detención y evaluar toda posible participación de agentes o funcionarios penitenciarios en tales crímenes.
De la misma manera, reiteró su recomendación de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en virtud del cual el Estado se comprometería a crear un mecanismo nacional de prevención de la tortura y permitiría las visitas del Subcomité para la Prevención de la Tortura a los centros penitenciarios del país. En el mismo sentido, el CAT recomendó llevar a cabo inspecciones periódicas e independientes de los lugares de detención “incluidas las actividades de vigilancia de las organizaciones no gubernamentales”.
Los expertos del Comité también hicieron recomendaciones sobre lucha contra la impunidad, violencia de género y sexual, independencia de la justicia y jurisdicción militar. Sobre esto último el CAT manifestó que Colombia debe “asegurar que las violaciones graves de derechos humanos y otros abusos cometidos contra civiles por personal militar queden excluidos de la competencia de la jurisdicción militar”.
Las ejecuciones extrajudiciales, el enjuiciamiento de paramilitares extraditados por narcotráfico y el uso excesivo de la fuerza también fueron objeto de la preocupación del Comité que urgió a Colombia a “garantizar la protección de periodistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos y otros representantes de la sociedad civil frente a los actos de intimidación y violencia a los que podrían exponerles sus actividades”.
Presidido actualmente por el chileno Claudio Grossman, el Comité contra la Tortura es el órgano de las Naciones Unidas que vela por la aplicación de las disposiciones de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Colombia había sido evaluada por los diez expertos que lo conforman los pasados 30 de abril y 1 de mayo en el marco de su vigésima segunda sesión, que concluyó hoy en Ginebra.
