Por: Diego de León Sagot
Ginebra, 7 de noviembre.- “Les sugerimos despreocuparse sobre ese particular” dijo hoy viernes en Ginebra la delegación oficial de Venezuela durante el examen al que fue sometido el país por el Comité contra la Tortura, órgano de Naciones Unidas integrado por diez expertos independientes que supervisa el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Convención internacional en la materia, de la cual Venezuela es parte desde 1991.
“Venezuela ha informado suficientemente sobre ella” dijo María Mercedes Berthé de Heredia, directora general de Derechos Fundamentales del Ministerio Público venezolano en alusión a la ex funcionaria judicial que estuvo presa desde 2009 y que ahora goza de una “medida humanitaria” de reclusión en casa para “garantizar su adecuada recuperación debido a su estado de salud”.
“Pero no queremos dejar de añadir, que sobre la presunta violación sexual (sufrida por la jueza), el Ministerio Público no recibió denuncia por tal situación… la negativa de interponer esa denuncia, por si misma, pone en entredicho la veracidad del testimonio… quizá fue utilizada como una historia periodística”, afirmó la representante del Ministerio Público venezolano.
Abdoulaye Gaye, uno de los expertos del Comité, replicó a la respuesta del Estado indicando que “si esta señora ha padecido agresiones, habrá quedado traumatizada, por lo que es muy posible que no haya querido hacer la denuncia… desde la perspectiva humana me parece un argumento lógico y comprensible… creo que el motivo ha tenido que ver con el sistema judicial del país”.
El caso de la jueza Afiuni cobró notoriedad a nivel internacional tras su detención y puesta en prisión en 2009 luego de haber acatado en una de sus resoluciones judiciales una decisión del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las detenciones arbitrarias, que declaraba como ilegal la detención de Eligio Cedeño. Desde entonces, diversos expertos de la organización mundial se han pronunciado en favor de la liberación de la magistrada, considerándolo como un caso emblemático de represalia por haber cooperado con un órgano internacional de derechos humanos.
Este intercambio entre el Estado y los expertos tuvo lugar, luego que el Comité contra la Tortura solicitara a Venezuela “proporcionar información sobre las investigaciones y las actuaciones disciplinarias o penales conexas, si las hubiera, en relación con las agresiones, actos de intimidación y violación, presuntamente por un agente estatal, sufridas por la magistrada María Lourdes Afiuni tras su detención y encarcelamiento”.
Al respecto, el Estado mantuvo su posición de que la ex funcionaria no fue detenida de forma arbitraria y categóricamente afirmó que se “ha garantizado de manera reiterada sus adecuadas condiciones de reclusión y el acceso a su salud proporcionando a la ciudadana en cuestión la atención y el tratamiento médico correspondiente”. La ex jueza “no ha sufrido presuntos actos de agresión, intimidación y violación por parte de algún funcionario estatal en el país”, según consta en un documento oficial proporcionado en respuestas a los interrogantes del Comité.
Durante su intervención ante los expertos, los representantes del gobierno venezolano aprovecharon la oportunidad para desmentir el supuesto aislamiento y la prohibición de visitas que ha sufrido Leopoldo López y otros opositores políticos puestos en prisión tras las protestas ocurridas en febrero de este año, hechos traídos a colación durante el examen. La delegada del Ministerio Público presentó al Comité fotografías que en apariencia desmienten la reclusión aislada de López; con ellas “este comité podrá formarse un criterio objetivo sobre la situación”, agregó la funcionaria.
“Aquí se habló de las manifestaciones que ocurrieron meses atrás en Venezuela, que no fueron pacíficas, fueron violentas, como todos lo saben, porque esas escenas aparecieron en todo el mundo… fueron escenas terribles, de incendio, de destrucción, donde más de 40 personas murieron… esas manifestaciones querían tumbar un gobierno democráticamente electo”, dijo en su alocución José Vicente Rangel, viceministro de política interior y seguridad jurídica en Venezuela, quien encabezó la delegación oficial que se presentó ante el Comité.
El grupo de expertos deliberará en los próximos días a puertas cerradas. El próximo viernes 28 de noviembre dará a conocer su informe en el que el Comité expondrá sus conclusiones y recomendaciones respecto de la situación de la tortura en Venezuela.
