Texto: Mélanie Belfiore

Fotografías: Carmen Lucía Castaño

 

Ginebra, 25 de agosto.- La primera sesión del examen de Brasil ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) transcurrió a partir de las 3:00 pm de hoy. La presidenta del Comité, la chilena María Soledad Cisternas Reyes, acogió a los representantes del Estado de Brasil.

La reunión comenzó con la presentación del informe del país por el jefe de la delegación, Pepe Vargas, ministro de la Secretaría de los Derechos Humanos.

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Tras la exposición del informe, los expertos emprendieron el primer turno de preguntas. La relatora para Brasil del Comité, Theresia Degener, fue la primera en tomar la palabra. La experta alemana cuestionó la segregación de las personas con discapacidad en el ámbito escolar y la institucionalización forzada.

También hizo énfasis en la situación alarmante de los centros penitenciarios puesto que “87% de las instalaciones no son accesibles para las personas con discapacidad”. Por esta razón, pidió “medidas urgentes” en este campo.

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Luego, la experta guatemalteca Silvia Judith Quan-Chang (en la imagen) resaltó problemas de terminología, como el uso de la palabra “deficiencia” o “incapacidad” en vez del término “discapacidad”, usado en otros idiomas. Por esta razón, pregunto qué palabra podría ser equivalente en portugués.

Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, miembro del Poder Judicial, aseguró que en Brasil ya no se utiliza la palabra “invalidez”, sino “discapacidad”, que es un concepto político.

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La definición médica de la discapacidad también hizo parte de la discusión puesto que las personas con discapacidad mental o psicosocial, como es el caso del autismo, son consideradas enfermas, según subrayó en su intervención el experto Jonas Ruskus.

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Vera Lúcia Ferreira Mendes, funcionaria del Ministerio de Salud, contestó que las personas con trastornos mentales están tan protegidas como aquellas con otro tipo de discapacidad, pero que son tratadas, de manera coordinada, por especialistas en en el campo de la salud mental.

Por otra parte, el experto serbio Damjan Tatic, insistió en la importancia de garantizar la accesibilidad en todos los sitios, puesto que Brasil es el único país que la consagra en su Constitución. De este modo, el experto preguntó cómo se podía vigilar el ejercicio efectivo de aquel derecho constitucional y si era posible, en un país tan inmenso como Brasil, implementar toda la infraestructura que esto requeriría.

Sobre el mismo aspecto, el experto danés Stig Langvad (en la imagen) compartió anécdotas de su visita a Brasil hace unos 15 años y pintó con su descripción un cuadro bastante negativo de la situación de accesibilidad para las personas con discapacidad en ese país. Así introdujo su pregunta por los avances en la materia logrados hasta hoy por el Estado. Indagó, por ejemplo, por el número de intérpretes de lengua de signos brasileña disponibles en el territorio nacional.

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La diputada Mara Cristina Gabrilli y el secretario Nacional para la Accesibilidad, Antonio José do Nascimento Ferreira (en la imagen), afirmaron de una sola voz que Brasil había implementado muchas mejorías en este campo. Adicionalmente, el representante de la delegación agregó que hoy no hay “un solo autobús que salga de las fábricas sin satisfacer las normas de accesibilidad”.

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Al final de la sesión, varios expertos retomaron la palabra para hacer preguntas de seguimiento a los miembros de la delegación brasileña. Por lo tanto, mañana, a partir de las 10:00 am, la segunda jornada del examen de Brasil ante el Comité comenzará con las respuestas que los representantes del país suramericano darán a los expertos internacionales.

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Día 2

Este 26 de agosto en la mañana comenzó la segunda jornada de examen de Brasil ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con la toma de palabra del jefe de la delegación, Pepe Vargas, quien contestó a las preguntas formuladas el día anterior por los expertos, encabezados por la presidenta del Comité, María Cisternas.

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El objeto mayor de la discusión fue la independencia de las personas con discapacidad. Ante todo, la experta guatemalteca Silvia Judith Quan-Chang insistió en la baja tasa de viviendas reservadas para las personas con discapacidad. También resaltó, junto con el experto serbio Damjan Tatic, que ciertas poblaciones de regiones apartadas de las ciudades carecían de información y por lo tanto no se beneficiaban de estas ventajas sociales.

El jefe de la delegación, Pepe Vargas, contestó que las viviendas se entregaban automáticamente, bajo criterio de renta, y teniendo en cuenta la especificidad de la discapacidad en cuestión. El ministro de la Secretaría de los Derechos Humanos aseguró que dos millones de familias habían conseguido una vivienda bajo este procedimiento.

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Vargas también afirmó que las personas con discapacidad no necesitaban solicitar las viviendas, sino que los municipios y prefecturas emprendían “búsquedas activas” para localizar a las familias que podían beneficiarse de este programa social. Sin embargo, Maria José Freitas, miembro del Ministerio para el Desarrollo Social, reconoció que estos servicios todavía no eran universales y que “solo los grandes municipios lograban atender la demanda”.

Por otra parte, el experto danés Stig Langvad recordó que las personas con discapacidad estaban subordinadas a “esquemas de vida independiente”. Por esta razón, necesitaban que “los Estados adopten leyes para que las personas con discapacidad no tengan que pagar de sus bolsillos para conseguir ayuda personal”. Así, argumentó que era necesario garantizarles el acceso a un “ingreso adecuado” con el fin de “sufragar los gastos que implican las discapacidades”.

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El ministro Pepe Vargas aseguró que el Estado hacía muchos esfuerzos y que “sería ideal” que las personas con discapacidad pudiesen llegar a un buen nivel de vida con una renta adecuada. “Todos soñamos con un país que llegue a eso”, afirmó.

Acerca de la salud, el experto Martin Babu Mwesigwa preguntó qué capacitación se le daba al personal sanitario con el fin de proporcionar servicios adecuados. Vera Lúcia Ferreira Mendes, coordinadora en el Ministerio de la Salud, contestó que más de 10 000 personas habían sido capacitadas en los centros de salud.

Junto con el experto coreano Hyung Shik Kim, Martin Babu Mwesigwa (en la imagen) indagó por los avances del acceso al braille. La delegación contestó que Brasil formó 56 centros con el fin de poder desarrollar material en braille y que 30 centros públicos de educación daban sus lecciones en lenguas de signos.

Babu

La reflexión fue prolongada por el experto tailandés Munthian Buntan quien preguntó cuál era el estatuto jurídico actual del braille y de la lengua de signos, pero la delegación no proporcionó ninguna respuesta al respecto.

La experta guatemalteca Silvia Judith Quan-Chang tuvo que insistir para obtener una respuesta a su pregunta sobre la implementación de un mecanismo independiente de monitoreo, necesario para cumplir con las disposiciones de la Convención e involucrar a las organizaciones de personas con discapacidad.

El secretario nacional para la Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Antonio José Do Nascimento Ferreira, afirmó la necesidad de “cruzar todos los datos” para comprender y ayudar mejor a las personas con discapacidad, dejando así la respuesta incompleta.

La relatora para Brasil del Comité, la experta Theresia Degener concluyó la reunión reconociendo los esfuerzos de Brasil en materia de derechos de personas con discapacidad y exhortando al Estado a garantizarles una vía de acceso a su autonomía, proporcionándoles viviendas independientes y asistentes personales.

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Los expertos del Comité formularán sus observaciones finales y recomendaciones al Estado brasileño el próximo 4 de septiembre, día en que concluye la presente sesión de exámenes.

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