Por: Equipo de redacción

 

Ginebra, 4 de marzo.- “Berta Cáceres es el nombre más reciente en una larga lista de activistas indígenas asesinados por defender sus derechos humanos”, declaró la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, respecto del asesinato de la líder hondureña ocurrido la madrugada del 3 de marzo en la ciudad de Esperanza, en el oeste del país.

“Ya es hora de que las naciones del mundo hagan que los perpetradores comparezcan ante la justicia y protejan a los activistas indígenas que protestan pacíficamente el saqueo de sus tierras y sus recursos”, añadió.

“Es urgente que se termine con la impunidad imperante en el país en relación con hechos delictivos contra miembros de las comunidades indígenas y sus defensores. Que éste sea el último asesinato de un defensor de derechos humanos y activista indígena que ocurra en Honduras,” agregó la experta.

El asesinato de Cáceres ocurrió en su casa, situada a unos 300 kilómetros de la capital, Tegucigalpa. En el lugar se encontraba el activista mexicano Gustavo Castro Soto, quien resultó herido. Al respecto, Rupert Colville, portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, dijo, tras condenar enérgicamente el asesinato de la líder, que “la protección del único testigo del homicidio es extremadamente importante”.

Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), era una conocida líder de la comunidad indígena lenca, la mayor del país, y una prominente defensora de los derechos humanos.

Como reconocimiento a su labor, particularmente a su campaña contra la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca, Cáceres fue galardonada en abril de 2015 con el Premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas que luchan por el medioambiente.

Debido a las constantes amenazas que recibió, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para su protección. En virtud de lo anterior, el Estado hondureño estaba obligado a brindarle un esquema de seguridad que garantizara que su vida no corriera peligro.

Sin embargo, en el momento del asesinato, Cáceres no tenía protección. El ministro de Seguridad de Honduras explicó este hecho diciendo que “la residencia donde perdió la vida no había sido reportada como su domicilio”.

Honduras repudió el homicidio

Ante el Consejo de Derechos Humanos, reunido actualmente en su 31º sesión, Honduras dejó constancia de su “repudio, condena y consternación por el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres” y reafirmó su compromiso “con el estado de respeto y protección a los derechos humanos y aquellos que los promueven”.

Por esta razón, la misión de Honduras garantizó “una investigación objetiva, seria y exhaustiva encaminada a establecer las circunstancias de este asesinato y su relación con su trabajo como defensora, con la identificación y condena de los responsables”.

La delegación hondureña asumió ante el Consejo la difícil situación de su país, que presenta un “escenario de violencia” producto de “la presencia de la criminalidad organizada, debido a su posición geográfica como sitio de paso del tráfico de drogas”.

“Este fenómeno ha puesto una enorme presión sobre las instituciones de investigación y de justicia socavando sus capacidades y llevándonos a niveles de impunidad estructural”, sostuvo Honduras, antes de añadir que como respuesta a este fenómeno “se han emprendido enormes esfuerzos para revertir la situación de impunidad a través de profundas reformas”, hechas con el fin de “combatir la corrupción, fortalecer la participación ciudadana y promover la rendición de cuentas”.

La complicada situación de los defensores de los derechos humanos en Honduras es un hecho incuestionable en la región. Según un informe de la ONG Global Witness, denominado “¿Cuántos más?”, el país centroamericano es el más peligroso de América Latina con un registro, entre 2010 y 2014, de 101 asesinatos de activistas ambientales en el territorio nacional.